Pilar Villarino, directora ejecutiva de
CERMI, ha señalado, en declaraciones a RTVE.es, que, aunque se ha avanzado en este problema social y se ha conseguido una mayor sensiblización, aún es "bastante elevado" el incumplimiento generalizado que se da tanto en al ámbito público como privado de la reserva de plazas para el colectivo de discapacitados.
Critica que las asociaciones y organizaciones que defienden sus derechos disponen de pocos datos oficiales sobre el número real de personas contratadas. "España no es un país modélico en lo que se refiere al cumplimiento de las leyes", ha manifestado Villarino, para quién el desconocimiento es la principal causa por la que no se contrata en mayor medida a estas personas.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad defiende la aplicación de "importantes sanciones" tanto para las administraciones públicas como para las empresas que no cumplan la ley. Critican además el "silencio legal" y reclaman más campañas de sensibilización que visualicen el rendimiento laboral óptimo de los discapacitados.
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